La revisión del nomenclátor de medicamentos generará, según el Ministerio, un ahorro de 458 millones de euros, que unido a la actualización del IPC de los medicamentos de aportación reducida, a la aplicación del nuevo copago a partir de julio, y al sistema de revisión mensual y trimestral de precios, incluido, como las dos medidas anteriores, en el Real Decreto-Ley 16/2012, de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, supondrán un ahorro cercano a los 2.200 millones.
En el sector, en cambio, existen lógicas dudas sobre las consecuencias económicas y sanitarias de la exclusión de estos medicamentos de la financiación pública. Con respecto a las primeras, se teme el deslizamiento de la prescripción hacia medicamentos financiados más caros, lo que provocaría que no se cumplieran los objetivos de ahorro previstos. Con respecto a las segundas, el perjuicio que puede suponer sobre la adherencia a los tratamientos, al tener que pagar los pacientes los medicamentos necesarios de forma íntegra, y el mensaje confuso que esta medida pueda trasladar a la población, que podría interpretar erróneamente esta exclusión en clave de utilidad sanitaria.
En el sector, en cambio, existen lógicas dudas sobre las consecuencias económicas y sanitarias de la exclusión de estos medicamentos de la financiación pública. Con respecto a las primeras, se teme el deslizamiento de la prescripción hacia medicamentos financiados más caros, lo que provocaría que no se cumplieran los objetivos de ahorro previstos. Con respecto a las segundas, el perjuicio que puede suponer sobre la adherencia a los tratamientos, al tener que pagar los pacientes los medicamentos necesarios de forma íntegra, y el mensaje confuso que esta medida pueda trasladar a la población, que podría interpretar erróneamente esta exclusión en clave de utilidad sanitaria.
