Fuente: Europa Press

El Pleno del Congreso de los Diputados avaló ayer el decreto ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que el Gobierno prevé ahorrar más de 7.000 millones de euros, pese al voto en contra de todos los grupos de la oposición salvo UPN.

De hecho, los portavoces de PSOE, CiU, PNV, IU, UPyD, ERC y Mixto criticaron a la ministra del ramo, Ana Mato, por no haber tramitado el texto como proyecto de ley de urgencia, algo a lo que se ha opuesto el Grupo Popular.

Durante la intervención, la ministra destacó que con este paquete de medidas se garantiza que la sanidad pública "pueda seguir siendo universal, gratuita y de calidad", al tiempo que permitirá que "todos los españoles puedan ser atendidos de igual forma con independencia de donde vivan".

Todo ello, añadió, "manteniendo el modelo y sin imponer el copago en la asistencia sanitaria", pese a reconocer que con algunas de las medidas implantadas "se piden esfuerzos importantes a la población".

En este sentido, Mato recordó que el paquete de medidas incorpora un nuevo sistema de copago de los medicamentos, que ahora será variable según la renta de modo que "paguen más los que más tienen y menos o nada los ciudadanos con menos recursos".

De este modo, los trabajadores activos pagarán hasta un 50 ó 60 por ciento por sus medicinas en función de sus ingresos, mientras que los pensionistas, que antes no pagaban nada, pagarán un 10 por ciento con un tope de 8 ó 18 euros mensuales según su renta.

Además, y como destacó Mato, por primera vez los parados de larga duración no tendrán que pagar por sus medicinas.
Otra de las novedades impulsadas es la introducción del concepto de asegurado al hablar de los beneficiarios de la sanidad pública, y la modificación de las condiciones para obtener la tarjeta sanitaria a fin de combatir el llamado turismo sanitario.

En este sentido, la ministra afirmó que "nadie quedará desatendido", tampoco los inmigrantes irregulares o 'sin papeles', a quienes aseguró que "se seguirá atendiendo en urgencias".

Tras esta reforma, que según Mato cuenta con el apoyo de todas las comunidades, habló de su "siguiente reto", que es culminar un Pacto de Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales con los grupos políticos, similar al Pacto de Toledo en materia de pensiones, a fin de "dejar a la sanidad fuera debate político".

Sin embargo, el portavoz del Grupo Socialista y exsecretario general de Sanidad con el anterior Gobierno, José Martínez Olmos, advirtió a la ministra de que "no vuelva a hablar de pacto" después de haberse negado a tramitar esta reforma como proyecto de ley y haber rechazado la "oferta de diálogo" de su grupo.

De hecho, a su juicio, estas medidas "dañan" y "ponen en riesgo" la salud de los españoles al dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, lo que ha considerado como un "planteamiento xenófobo".

La diputada de CiU Conxita Tarruella también mostró su malestar por la decisión de no tramitar el real decreto como proyecto de ley, para así "poder arreglar todos los desacuerdos que hay".

"El diálogo son más que palabras, son hechos, y nos molesta el tono de la discusión", aseguró, insistiendo en que si estas medidas tuviera tramitación parlamentaria "todos saldríamos beneficiados".

Por su parte, el diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, criticó a Mato por su propuesta "hipócrita y falsa" de un Pacto de Estado, asegurando que "no es posible un acuerdo" cuando se han adoptado medidas sin contar con apoyos.

Por contra, el diputado del PP, Manuel Cervera, dio la "enhorabuena" a Mato y ha asegurado que con este paquete de medidas las comunidades ganan "fiabilidad y respeto". Asimismo, criticó la "demagogia" utilizada por algunos grupos, acusando en concreto a los socialistas de hacer un debate "torticero".

Además, insistió en que "ningún español ni ningún extranjero va a quedar desatendido", sino que "se va a poner control" para evitar que continúe el turismo sanitario.

Fuente: El País

La subasta de fármacos puede hacer recibido la estocada definitiva. Y al contrario de lo que se esperaba no ha llegado por la vía judicial, sino por las correcciones al decreto ley de medidas sanitarias publicado el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno central ha modificado por esta vía el medicamento que tiene que dispensar el farmacéutico cuando un paciente le entrega una receta por principio activo, lo que, en la práctica, invalida la adjudicación de fármacos de la Junta.

Hasta ahora, el ministerio establecía periódicamente lo que se llama el “precio menor”, que es el que deber tener en cuenta el boticario al vender un medicamento recetado por principio activo. El “precio menor” no es siempre el más barato del mercado, sino que se llama así al listado de precios aprobado por el Gobierno para las prescripción de los principios activos. Con este conjunto juega la subasta de fármacos, que se basa en que los medicamentos incluidos en ese abanico rebajen sus precios.

Pero la nueva redacción cambia el concepto de “precio menor” por el de “precio más bajo”. El farmacéutico ya no podrá elegir entre un conjunto de medicamentos, sino que tendrá que vender el del precio más bajo, lo que invalida la subasta andaluza.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, reconoció ayer que la corrección del decreto “imposibilita” el concurso público. “Tal y como está redactado ahora, no hay posibilidad”, asumió Montero en declaraciones a este periódico. La titular de Salud criticó que el Gobierno esté acotando cada vez más el escaso margen de maniobra que ya tenían las comunidades en política farmacéutica. “Intentamos buscar medidas alternativas, pero nos cercan el camino permanentemente”, lamentó Montero, para quien el nuevo sistema de precios generará “incertidumbre en el mercado farmacéutico” y “peligro de desabastecimiento”.

Bajo el título “Tu farmacia, espacio de salud”, está dirigida a todos aquellos los ciudadanos interesados en participar en un “circuito saludable”, con distintos puntos de información y servicios atendidos por farmacéuticos especialistas.

Además de recibir información y asesoramiento, los participantes tendrán la oportunidad de realizarse distintas pruebas relacionadas con la alimentación y nutrición o cuidado de la piel y fotoprotección, así como resolver dudas sobre medicamentos, homeopatía, plantas medicinales, etc.

Así, por ejemplo, en el punto de información sobre dermofarmacia, se realizará un examen de la piel (hidratación, grasa y elasticidad), se recomendará el factor de protección solar para cara y cuerpo y se asesorará sobre el mejor tratamiento para la piel de cada persona. En el punto de información de alimentación, se informará a los interesados de su peso, estatura, índice de masa corporal, índice de grasa, así como de recomendaciones generales sobre alimentación saludable adecuada a sus características, edad, actividad física, etc…. En el punto de información de Análisis Clínicos, se determinará la glucosa basal de los participantes y se asesorará en materia de diabetes.

De forma paralela a este “circuito saludable”, en el Salón de Actos se celebrarán distintas charlas sobres temas de actualidad relacionados con la salud en todos estos ámbitos. La conferencia que clausurará la jornada será ofrecida por el Dr. Ignacio Jáuregui, que versará sobre “Nutrición y Nutricionismo”.

Fuente: Diario Médico

Fuentes jurídicas han explicado que la admisión a trámite implica en la práctica la paralización automática de la subasta durante un plazo de cinco meses. En ese tiempo en el que el Constitucional deberá decidir si conviene mantener la suspensión cautelar hasta que se falle definitivamente sobre el asunto (lo que podría tardar más de un año) o si el perjuicio que tendría volver a poner en marcha la subasta no justifica su suspensión cautelar. Lo más probable es que el Tribunal Constitucional actúe en este caso tal y como lo hizo en el recurso sobre el catálogo gallego de medicamentos, suspendiendo durante cinco meses la norma autonómica, pero reinstaurándola posteriormente a falta de un fallo definitivo por no ver justificada la necesidad de medidas cautelares (ver DM del 7-II-2011 y del 29-VI-2011).

En el caso de la subasta de medicamentos andaluza las consecuencias prácticas de la suspensión son en realidad escasas si se tiene en cuenta que siete de los once laboratorios adjudicatarios decidieron dar plantón a la Junta de Andalucía el día de la firma de los contratos, reduciendo por tanto de forma muy significativa el impacto de la subasta y dejando en muy difícil situación la posible convocatoria de nuevas subastas, a la que no ha renunciado la Consejería de María Jesús Montero.

El Gobierno había recurrido la norma autonómica, con el apoyo del Consejo de Estado, por invasión de competencias estatales de farmacia

El recurso del Gobierno central contra la subasta andaluza se decidió interponer tras conocerse un informe del Consejo de Estado que veía serios indicios de inconstitucionalidad en la norma autonómica por invasión de competencias estatales y por crear desigualdad entre los ciudadanos de distintas autonomías, entre otras cuestiones. El informe del Consejo de Estado argumentaba que la subasta andaluza excluía fármacos de la financiación pública, pese a que esa es una competencia estatal y no autonómica y que desvirtuaba el régimen de precios y de dispensación de fármacos que tiene carácter nacional. Además, explicaba que el objetivo de reducir el gasto no justificaba por sí mismo la invasión de competencias.

Fuente: El País Andalucía

El Gobierno central se excedió en su intento de tumbar la subasta andaluza de medicamentos. Esa es la conclusión que se extrae del intercambio de escritos entre el Abogado del Estado, la Consejería de Salud y el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla, donde se tramitaba el recurso presentado por el Gobierno contra el concurso de fármacos. El juez ha suspendido la causa después de que el propio Abogado del Estado lo pidiera al percatarse de que la jurisdicción contencioso administrativa no puede tramitar un asunto que ya estudia el Tribunal Constitucional.

La suspensión hasta que se pronuncie el alto tribunal implica que tampoco prospera la paralización cautelar de la subasta que había pedido el Gobierno en el mismo recurso. El procedimiento abierto en el Constitucional, que sigue adelante, implicaba la suspensión de la resolución recurrida, pero la Junta entiende que no tiene carácter retroactivo, por lo que los convenios firmados con los cuatro laboratorios que formalizaron con el SAS la adjudicación siguen adelante.

El procedimiento está listo para que el 1 de junio se vendan los fármacos seleccionados
Fuentes de Salud han confirmado que el procedimiento está listo para que, a partir del 1 de junio, cuando un usuario presente en la farmacia una receta de alguno de los principios activos ya adjudicados, el boticario le venda el fármaco seleccionado por la Junta.

Salud al menos habría conseguido frenar así el intento del Gobierno de evitar que la primera fase del concurso público llegara a aplicarse, lo que llevó al Ejecutivo central a recurrir la subasta por todas las vías posibles.

El recurso contencioso administrativo había sido admitido a trámite, pero el juez ha dictado una providencia de suspensión hasta que se resuelva el conflicto de competencias planteado en el Constitucional. El abogado del Estado Miguel Ángel Gilabert envió el 12 de abril un escrito al Juzgado de lo Contencioso-administrativo 7 de Sevilla para promover “la suspensión” del recurso interpuesto días antes “por existencia de cuestión prejudicial constitucional”.

Las mismas razones alegó el letrado de la Consejería de Salud para pedir al juez que frenara el recurso y la suspensión cautelar. “Es absolutamente improcedente la tramitación de una medida cautelar que carece de objeto”, advirtió al juez el abogado de Salud.