El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Anteproyecto de Ley que establecerá las bases de las políticas contra la obesidad en la comunidad, siendo la primera vez que una autonomía regula con el máximo rango normativo el tratamiento de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria, con especial atención a la infancia, la adolescencia, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los grupos de población más desfavorecidos socialmente.

La futura ley establece el derecho de la población andaluza a la información, el conocimiento, la promoción, la prevención y la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno físico y psicosocial saludable. Para hacerlo efectivo, se establecen diferentes medidas, como la exigencia de disponer de menús saludables y de distintos tamaños de raciones en los restaurantes; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades de peso o unidades adaptadas a la composición de las unidades familiares; habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de cincuenta trabajadores o, en su defecto, en las inmediaciones, y garantizar el acceso gratuito al agua potable en todos los lugares públicos.

Para las personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, se reconoce el derecho a una atención sanitaria integral y continuada, así como al pleno respeto a su dignidad personal y a la no discriminación social, laboral o sanitaria por razón de su problema de salud. Entre otras medidas, se pondrán en marcha planes de formación específica de prevención y tratamiento de esta patología dirigida a los profesionales, además de incorporar la materia a los programas curriculares de Ciencias de la Salud.

El texto también prevé la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, con medidas de garantía de derechos, que se extenderán a centros educativos, universidades, espacios de ocio infantil y juvenil, empresas, establecimientos de restauración y centros de personas mayores y con discapacidad. También se promocionará el transporte activo, los entornos que favorecen el ejercicio y los espacios para facilitar la lactancia materna. Asimismo, regulará la elaboración de cartas de compromiso y el establecimiento de un distintivo oficial para las entidades públicas y privadas que promueven los hábitos de vida saludables.

El anteproyecto incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años, limita la publicidad de bebidas y alimentos envasados en centros educativos y especifica que los que se vendan no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías. Además, en los institutos se mostrará, en lugar visible al público, la cantidad de calorías netas por porción envasada de los productos que se ofrezcan tanto en sus máquinas como en sus áreas de restauración.

La normativa cataloga como infracciones graves la dispensación en centros educativos de menús no adaptados a las necesidades nutricionales del alumnado o la utilización de alimentos o bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares añadidos; la publicidad de alimentos en áreas sanitarias donde se atiende a menores, o la inobservancia de las medidas de oferta relativas a la accesibilidad gratuita a agua potable en los términos establecidos en esta ley, entre otros.

El texto completo del Anteproyecto puede consultarse en este enlace