Tiene un gran valor esta decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional el catálogo propio de medicamentos gallegos. La administración central no puede mirar hacia otro lado cuando las autonomías invaden su ámbito competencial con iniciativas y programas que rompen la unidad y la cohesión de la prestación farmacéutica en España. Y esto que decimos para el caso gallego vale también para otras resoluciones y decisiones que se están poniendo en práctica en otras autonomías.
La lectura es muy clara para Andalucía. Nuestra administración autonómica debe dar marcha atrás en medidas, como la de sacar de la farmacia más de doscientos medicamentos de diagnóstico hospitalario, que amén de contar con la oposición unánime del sector, exceden ampliamente su capacidad competencial, usurpando las atribuciones que corresponde fijar a la administración estatal, y para todos los españoles. Esperemos que la misma determinación que ha tenido el Gobierno central para recurrir la decisión de una administración autonómica de otro color político, la tenga ahora para llevar ante los tribunales la de una administración gobernada por el mismo partido.
