En dicho encuentro, Cospedal corroboró que el Gobierno «ha parado y retirado» su anteproyecto, a pesar de las «enorme presión de la Unión Europea» recibidas en estos años para ‘liberalizar’ diversos sectores económicos con el fin hipotético de mejorar la competitividad. «Desde el Gobierno planteamos que no podíamos seguir adelante por muy intensa y persistente que fuese la presión de las instituciones comunitarias, y a pesar de las posibilidades, que aún existen, de recibir un procedimiento de infracción».

Cabe recordar que, en lo que respecta al sector farmacéutico y ante el revuelo que originó el primer borrador, los siguientes textos que fueron conociéndose desde diciembre de 2012 de dicho anteproyecto ya no recogían esa ‘liberalización’ de la farmacia española plasmada en la entrada de capital no profesional en la propiedad de boticas. Sin embargo, sí continuaba plasmando ciertas cuestiones de afectación directa, y especialmente negativa para el funcionamiento de los colegios farmacéuticos ‘pequeños’, como sería la libre elección de la provincia en la que colegiarse —en detrimento de la actual colegiación obligatoria allá donde se ejerce— y la prohibición de establecer cuotas de inscripción, así como que la cuota anual no superase los 250 euros.

No obstante, aunque no salga adelante la norma, la secretaria general del PP avisó que «aunque soy una firme convencida de la utilidad de los colegios, es cierto que no sólo deben servir para defender a sus colegiados, sino también ser útiles a la sociedad y, en este objetivo, deben revisar sus fines», según recoge en su edición digital el periódico especializado El Global.