La vicepresidenta y portavoz del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó en su día la intención del Ejecutivo de recurrir esta tasa porque «vulnera el principio de igualdad» de los ciudadanos y se «grava un acto médico».
Al igual que en el recurso presentado contra la misma medida, llevada a cabo en Cataluña, el Gobierno consideraba “que se gravaba la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud (SNS), a través de la prestación farmacéutica».
La vicepresidenta destacó igualmente que el euro por receta «afecta a las condiciones de igualdad de los ciudadanos a la hora de obtener una prestación farmacéutica y se grava un acto médico y, además, se abordan condiciones de expedición y dispensación de medicamentos que es materia reservada al Estado», concluyó
El proceso iniciado por el Tribunal Constitucional da un plazo de quince días tanto al Congreso de los Diputados como al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. Igual plazo y posibilidad de personación se le ofrece a la Comunidad de Madrid y a su Asamblea regional.
