En un comunicado, la Junta ha recordado que esta tercera convocatoria afecta a todos los medicamentos para los que exista más de un preparado comercial en el mercado y que estén incluidos en las agrupaciones homogéneas definidas por el Ministerio de Sanidad, quedando excluidos de la misma aquellos que han resultado seleccionados en la primera y la segunda convocatoria.
Concretamente, concurren un total de 288 principios activos diferentes de 148 subgrupos farmacoterapéuticos diferentes y que se encuentran en el mercado con 5.325 marcas o denominaciones comerciales distintas.
Entre ellos destacan, por ser los más consumidos, los antihipertensivos, analgésicos, ansiolíticos, antiinflamatorios, antitrombóticos, hipnóticos y sedantes, opioides, antihistamínicos, antibióticos, hipoglucemiantes, antiúlcera péptica o protectores gástricos, antidepresivos, antibióticos y tratamientos para el colesterol. Estos fármacos suponen el 33,32% sobre el consumo total de recetas de medicamentos prescritas en Atención Primaria, que sólo en 2012 han supuesto un coste anual de 615 millones de euros.
Con esta tercera convocatoria, Salud prevé un ahorro anual de 234 millones de euros en este grupo de medicamentos, que sumada a las dos anteriores, alcanzarían los 327 millones de euros.
El objetivo de esta medida es que los medicamentos que se entregan en las farmacias andaluzas a los usuarios que acudan con una receta por principio activo sean seleccionados por convocatoria pública, de manera que «se pretende aprovechar la economía de escala que supone seleccionar medicamentos para ocho millones de usuarios y conseguir con ello mejoras económicas por parte de la industria farmacéutica que repercuta en la sostenibilidad del sistema sanitario».
Se da la circunstancia de que este mismo jueves se ha conocido que la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, ha dado luz verde al proyecto de Ley que reforma la Ley del Medicamento de 2006 para reforzar la farmacovigilancia y que, entre otras medidas, impedirá a las comunidades introducir diferencias en el acceso a los medicamentos y modificar el precio industrial que fije el Ministerio de Sanidad, lo que podría afectar a las subastas de fármacos de Andalucía.
