La convocatoria para seleccionar las ATEs ya había sido paralizado por el mismo tribunal meses atrás ante los recursos presentados por representantes de la industria, sociedades científicas y asociaciones de pacientes que veían en esta subasta una «violación de la libre prescripción del médico, falta de equidad en el acceso a todos los tratamientos disponibles por parte del paciente y un incumplimiento de la legislación estatal».
En aquel momento, tal y como señala Correo Farmacéutico, el tribunal no sólo paralizó cautelarmente la subasta andaluza sino que, posteriormente, obligó a Andalucía a rehacer los pliegos del concurso. Con los nuevos pliegos, Andalucía convocó en mayo una nueva subasta de ATE que, en esta ocasión, supuso sacar a concurso 22 lotes de indicaciones terapéuticas, para seleccionar el principio activo más barato para cada una de ellas, por valor de 241 millones de euros para los dos próximos años.
En esta ocasión el tribunal argumenta que «si continuara la tramitación del procedimiento de adjudicación podría llegar a formalizarse el acuerdo marco (de selección de fármacos) e iniciarse su ejecución, por lo que una eventual estimación (final) del recurso obligaría a retrotraer las actuaciones, dejando sin efecto actos declarativos de derechos para las eventuales adjudicatarias y lo que es peor aún, provocando la posible interrupción del tratamiento para los pacientes a quienes se estuvieran dispensando los principios activos que se pretenden seleccionar a través de la adjudicación del acuerdo marco».
