La resolución andaluza, según denuncia la patronal de la industria farmacéutica en España, supone un «quebranto» del actual marco regulatorio español ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 88.1 de la Ley del Medicamento, que establece que las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y el uso de los medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades «no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos financiados, catálogo y precios».
Asimismo, recuerda que la Ley también estipula que las medidas de racionalización deben ser «homogéneas en todo el territorio nacional sin producir distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios».
